La propia justicia española deja que Andorra le coma territorio a España

Concentración contra los paraisos fiscales

«Evada impuestos (mire por su dinero) en Andorra»

La construcción de un depósito de agua en el espacio protegido del Parque natural de Cadí-Moizeró, en Lérida, ha generado un pequeño altercado fronterizo entre España y Andorra que se ha saldado a favor del microestado tras la claudicación del juzgado de La Seu d’Urgell que usando triquiñuelas leguleyas ha archivado la acusación contra el arquitecto andorrano encargado del proyecto.

Según los juzgados catalanes no se habría cometido delito por parte del arquitecto al aparecer en sus planos —planos andorranos— dicho enclave como perteneciente a Andorra. Sin embargo, los agentes rurales de la Generalidad de Cataluña insisten en que el susodicho depósito está en territorio español.

Lo curioso del asunto es que la fiscalía de la Generalidad acusó al andorrano por presunto delito urbanístico en espacio protegido. Parece ser que otros países pueden agenciarse del territorio nacional y ello no tener nada que ver con la dialéctica de Estados ni tener repercusiones políticas. Todo queda encerrado en la ficción legislativa de la protección medioambiental y las leyes urbanísticas españolas. Admiten así que uno puede quedarse con terreno de otro Estado y ser sólo acusado de «especulación urbanística».

Una pequeña prueba más de que en España el «Estado español» ha sido reducido por ecualización al tamaño del microestado andorrano, cuyos Jefes de Estado son un obispo elegido por el Vaticano —vestigio del Antiguo Régimen— y el jefe de una República, la francesa, que ningún andorrano vota.