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El Gobierno de Cristina Fernández Kirchner tiene su propia versión de lo que sucedió el jueves pasado

Cruce de acusaciones por la inspección a Clarín

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó un gigantesco operativo contra el grupo ’Clarín’

Sábado 26 de septiembre de 2009, por ER. Gran Buenos Aires

Tras los acontecimientos ocurridos en la sede del diario Clarín, dónde se presentaron 200 inspectores de hacienda para revisar las cuentas del grupo periodístico, el gobierno opta por una inverosímil defensa ya que acusa a sus propios funcionarios de hacienda de “corruptos”, lo que en una salida hacia delante parece demostrar la escasa prudencia política de Cristina Fernández Kirchner porque debilita su posición ya que si envió a los 200 funcionarios es un acto de despotismo poco defendible, si los acusa de delincuentes debería actuar la fiscalía de oficio y detenerlos la policía, de no hacerlo quedaría en evidencia

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Cristina Fernández Kirchner de espaldas

Lo que quedaría develado es que trata de defenderse atacando ya que todos los días se publican noticias de posibles actos de corrupción por su parte, y el ataque de fondo pasa por una reforma de la Ley de Medios, pero dado los acontecimiento dudamos de las intenciones de esta reforma. Veamos lo acontecido.

Cristina se defiende

El Gobierno de Cristina Fernández Kirchner tiene su propia versión de lo que sucedió el jueves pasado, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó un gigantesco operativo contra el grupo ’Clarín’. El jefe del gabinete presidencial, Aníbal Fernández, asegura que aquella intempestiva «inspección de rutina», en la que participaron 200 funcionarios del organismo recaudador, fue organizada, dirigida y pagada por la propia empresa periodística, para dejar mal parado al gobierno y engañar a la opinión pública.

En una entrevista con Radio Continental, el alto funcionario acusó a los directivos de la empresa, de haber sobornado a los inspectores regionales, Andrés Vázquez y a Sergio Mancini, para que montaran "un espectáculo de horror" como los que se presenciaban en tiempos de la dictadura militar.

«Sabemos perfectamente que ellos (los jefes de la empresa) financiaron ese espectáculo. En nuestro poder obran suficientes pruebas como para demostrar quienes están detrás del complot», dijo Fernández. El hombre de confianza de Cristina Fernández y de su marido, Néstor Kirchner, reiteró que el titular de AFIP; Ricardo Etchegaray, no tuvo parte en el allanamiento de la sede de ’Clarín’ y que a punto estuvo de sufrir un desmayo cuando se enteró de lo que sus ayudantes habían tramado.

Los dirigentes de la oposición describieron las acusaciones de Fernández contra ’Clarín’ como un «ataque de pánico» ante la realidad que el propio matrimonio presidencial (la presidenta y Kirchner) han forjado.

El periodismo contraataca

La urgencia del riesgo para el sistema republicano y democrático que genera el proyecto de ley de medios audiovisuales y el trato del oficialismo hacia el periodismo independiente dieron un tono dramático a los discursos y declaraciones de la 47a asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

En su documento, leído por Gamón, ADEPA planteó que lo aprobado por Diputados más allá de aspectos formales "debe alertar sobre cuestiones de fondo". "El acceso sin restricciones de los ciudadanos a las fuentes de información y la sustentabilidad de los medios privados de comunicación son valores primordiales para la democracia", planteó ADEPA.

Consideró: «Ninguna norma tendría que plantearse con el ánimo de silenciar o debilitar determinadas voces, sino que, por el contrario, debería fortalecer la oferta informativa, independiente, preservando las opciones existentes y abriendo nuevas alternativas a la luz de las innovaciones tecnológicas.Es un momento muy especial de la República, en donde teniendo el beneficio y la suerte de no pensar todos de la misma manera, emitimos este documento conscientes todos de la responsabilidad que tenemos», se indicó. «Frente a la intención artera de querer percutir sobre algunos de los asociados por parte del poder político, tenemos la tranquilidad desde la propia convicción de saber de qué lado tenemos que estar. Ahora más que nunca». Dictaminó también: «Una merma de la calidad institucional con múltiples manifestaciones de decadencia de los principios republicanos y de sospechas en las conductas. En un contexto de crisis, se perfilan rasgos de creciente autoritarismo que debilitan las instituciones y profundizan la confusión del Estado con el Gobierno, y del Gobierno con facciones».

El documento aprobado por unanimidad recordó que la Corte Suprema de Justicia «ha dicho que sin una prensa económicamente sólida e independiente existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal».

Se puntualizó que el periodismo: «no debe ser visto por los poderes públicos como un enemigo por derrotar, sino como un aliado en la lucha por mejorar el nivel cultural y de vida del pueblo». Y enfatizó: «Deben respetarse los principios básicos de una relación siempre tensa, pero necesaria para la comunicación entre gobernantes y gobernados, la ilustración de la ciudadanía y el perfeccionamiento de las instituciones».


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