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El Salvador privatiza el agua

En tiempos de crisis aplican medidas liberales

Martes 28 de octubre de 2008, por ER. San Salvador

El Salvador ha decidido privatizar su agua. Los sistemas de abastecimiento y distribución ahora están en manos privadas, y los opositores a la medida son encarcelados y se les aplica la Ley Antiterrorista del país

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Salvadoreños contra la privatización del agua
Su firmeza y generosidad se enfrenta a la acusación de terroristas por parte de la clase dirigente del país

Antes de la crisis financiera mundial, el agua ya era un problema económico para los países en vías de desarrollo. Curioso resulta que en la mayoría de los mismos el agua potable pertenecía a empresas que las explotaban en perjuicio de mayorías de población que tenían el uso vetado a la misma. Ahora que ya la crisis es real y efectiva (aunque siempre lo fue en realidad) en El Salvador se ha decidido privatizarla. La comunidad pobre del país protesta por el aumento del precio de la misma y por la disminución a su acceso. Un acceso necesitado por la amplia mayoría de la población y que, sin embargo, entra en la contradicción de saber que la calidad del agua local privatizada es cada vez menor. Al oeste del país esta semana se han dado pequeñas reyertas que han acabado en disturbios con las Fuerzas del Orden, las cuales emplearon gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes.

La batalla por el control del agua en diversas naciones políticas del mundo se vuelve cada vez más cruenta. En El Salvador la situación ha llegado al punto de aplicar a los opositores a la medida la Ley Antiterrorista. Hasta 14 personas fueron detenidas y acusadas del cargo antes mencionado, con lo que podrían enfrentarse a una pena de cárcel de hasta 60 años. La Ley Antiterrorisa salvadoreña se basa en la Ley Patriótica (Patriot Act en inglés) de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta Ley Antiterrorista está vigente desde 2006, y es aplicada a sujetos de diversa condición, y no sólo para supuestos terroristas que atenten contra la nación.

En Santa Eduviges los manifestantes pidieron que se desprivatizara su sistema local de aguas para ponerlo bajo el control de ANDA, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado. Sin embargo, los diputados liberales salvadoreños están a punto de conseguir que se apruebe una ley general de aguas no exenta de polémica. Esta ley pretende que los funcionarios encargados de la administración del agua cambien su carácter de cobertura nacional a un nivel menor, municipal, lo que requeriría que los gobiernos locales otorguen concesiones a empresas, las cuales manejarían los recursos acuíferos de manera total por un período, en principio, de 50 años. La ley ha chocado con la oposición no liberal, incluida la Iglesia Católica de El Salvador, que está en contra de la privatización total del sistema de aguas nacional.

Pero no sólo la Iglesia Católica se opone. El SETA, Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA, ha acusado al Gobierno actual de impulsar un plan de desprestigio de la gestión de la agencia estatal ANDA para justificar su privatización, en una medida que consideran puramente conspirativa. Arguyen para ello que el presupuesto de ANDA ha sido reducido hasta un 15% hace tres años, cayendo al nivel más bajo de la última década. El SETA además denuncia que la maniobra condena a más del 40% de la población salvadoreña al hambre y a la imposibilidad de continuar explotando sus tierras cultivadas. Y es que este 40% de salvadoreños no tiene acceso al agua potable.

El Sindicato de Empresa Trabajadores de ANDA (SETA) acusó al gobierno de impulsar un plan de desprestigio de la gestión de la agencia del estado para justificar la privatización. El presupuesto de ANDA fue reducido drásticamente en 15% en 2005, cayendo a su nivel más bajo en una década, en un país donde el 40% de la población rural no tienen acceso al agua potable. El sindicato contrató media página de rotativos nacionales para hacer circular sus protestas y sus motivos para oponerse al plan privatizador. Este plan, denuncian, condenará a casi la mitad de nuestros compatriotas a sufrir sed por no tener con qué pagar el agua. Los resultados de las anteriores privatizaciones han sido desvastadores para la nación. Las telecomunicaciones y la electricidad, sectores importantes de la economía patria, vieron como millares de trabajadores fueron despedidos, y la mayoría de ellos fueron obligados a reengancharse en sus mismos puestos pero por la mitad de su sueldo anterior. Obviamente además, los beneficios que recibían cuando sus empresas eran de explotación estatal, dejaron de existir.

La aplicación de la Ley Antiterrorista a los líderes opositores a la privatización del agua —ley que cuenta con el apoyo externo del Imperio realmente existente—, en un país que en décadas no ha vivido actos de terrorismo procedimental político (otra cuestión serían las terribles maras si se las consideran grupos terroristas, que podría y deberían serlo) se hace para criminalizar a todos aquellos que no renuncian a la racionalización holizadora de la población salvadoreña y al mantenimiento de los sujetos operatorios salvadoreños como una cuestión ética y moral de suma importancia. Dejar sin posibilidades de acceso al agua a la mitad de la nación por parte de la clase dirigente supone un crimen horrendo desde una perspectiva materialista y racionalista radical. La cruz es que en El Salvador, y en el resto de la Hispanidad, no exista todavía una fuerza política revolucionaria, racionalista, materialista, atea y universalista capaz de plantar cara a estos individuos que jamás se han preocupado por la existencia de sus conciudadanos. Y es por ello necesaria la existencia de esa fuerza política materialista, racionalista, atea y universalista (socialista) que sea capaz de transformar radicalmente todas las capas del poder político en todas las naciones hispanas, pero siempre sin dejar de mirar al resto del mundo al modo de un imperio socialista generador.


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